Desempeño de Costa Rica en los indicadores internacionales de Mejora Regulatoria

A.Indicadores de política regulatoria y gobernanza (iREG)

El 25 de mayo de 2021 Costa Rica se convierte en el miembro 38° de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y en el cuarto país Latinoamericano de dicha Organización (México, Chile y Colombia), luego de una revisión de 22 comités técnicos y ajuste de la legislación, políticas y prácticas con los estándares de la OCDE.

El Comité de Política Regulatoria (CPR), fue el sétimo en dar opinión favorable al país en su proceso de adhesión, cuando en noviembre de 2017 reconoció el avance del país hacia una gobernanza regulatoria que promueve la calidad y la eficiencia en los procesos y las regulaciones. La hoja de ruta definida por el Costa Rica en dicho comité fue liderada por la Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), en su calidad de rector, la cual implicaba la mejora a la institucionalidad con el reforzamiento del marco general de política regulatoria, la coordinación de una agenda regulatoria a nivel sub nacional (Gobiernos Locales), así como la ampliación de Análisis de Impacto Regulatorio, y el desarrollo y fortalecimiento de la capacidades internas de los formuladores de regulaciones.

Lo anterior, se concreta al asumir el compromiso de implementar la Recomendación del Consejo sobre Política y Gobernanza Regulatoria de 2012 y la Recomendación del Consejo para Mejorar la Calidad de la Regulación Gubernamental. Posteriormente, el país es evaluado en el cumplimiento de seis principios, de los cuales la OCDE emite un informe con los hallazgos y recomendaciones para el país en el documento Política Regulatoria en Costa Rica (OCDE, 2020), con lo cual se define la hoja de ruta que el país implementará hasta 2023 con alrededor de 8 acciones de trabajo interinstitucional (COMEX, 2021, p. 34).

Paralelamente, al contar el país con la opinión favorable del CPR, se es sujeto de evaluaciones permanentes que realizan a sus miembros, tal como son los Indicadores de política regulatoria y gobernanza (iREG), se ha incorporado al país en la evaluación de 2018 y 2020. Los iREG son una herramienta que permite monitorear las prácticas esenciales promulgadas por las Recomendaciones del Concejo de Política y Gobernanza Regulatoria, detectar lagunas y sugerir reformas básicas a los países, se mide trianualmente, la primera edición fue en 2015, segunda en 2018 y una tercera en 2021 (aprobado el informe de Perspectivas del Comité de Política Regulatoria de la OCDE el 20 de agosto de 2021).

En el informe Perspectivas sobre Política Regulatoria 2021 analiza las principales iniciativas y políticas de los países miembros en términos de calidad regulatoria, identifica las tendencias actuales y futuras de la política regulatoria, y proporciona a los responsables de la toma de decisiones y a los profesionales una base sólida para que dicha política se adapte a la finalidad que persigue, a saber, resolver problemas de la sociedad al menor costo y buscando la equidad.

Previo al análisis de los resultados de los iREG 2020, es importante rescatar a nivel general del estudio de Perspectivas 2021 tres elementos:

• La pandemia de COVID-19 ha subrayado el papel de la regulación y ha arrojado luz sobre la necesidad urgente de una transformación de la forma en que se elaboran e implementan las normas, para lo cual se requiere una estrategia general de riesgo y regulación que permita de forma sistemática considerar el riesgo al desarrollar las normas en tiempos de crisis.
• Los gobiernos deben establecer prácticas regulatorias más ágiles, flexibles y resistentes para fomentar la innovación que ayudará a abordar los desafíos sociales y ambientales más apremiantes del mundo al tiempo que protege la salud, la seguridad, la privacidad y las libertades individuales.Para lograr lo anterior, es necesario el involucramiento de las partes interesadas para mejorar el diseño y evaluación de las regulaciones.
• Los gobiernos dedican muy poco tiempo a verificar si las reglas funcionan en la práctica, no solo en el papel, para ello se requiere mejorar la forma en que evalúan, comunican y gestionan los riesgos, incluso mediante una revisión sistemática ex post de las regulaciones para garantizar que se respondan con la evidencia a la problemática que les dio origen.

De lo anterior, se deprende que el objetivo del informe de Perspectivas es ayudar a mejorar la calidad y la eficacia de las leyes y los reglamentos de los países, garantizando la seguridad jurídica, que se basen en pruebas y datos, que se aborde de forma sistematizada la consulta pública y la cooperación con las partes interesadas desde las etapas tempranas del ciclo de gobernanza regulatoria.

 Los indicadores iREG miden tres principios clave de la Recomendación de 2012 de la OCDE, a saber:

Áreas de los indicadores de Política y Gobernanza Regulatoria

Fuente: Elaboración propia con datos de OCDE, 2021.

1. Participación de los interesados: permite garantizar que las regulaciones se centren en las necesidades de los usuarios, así al involucrar a los ciudadanos, las empresas y la sociedad civil, hace que las regulaciones sean más inclusivas y motiva a cumplir con las regulaciones.
2. Análisis de impacto regulatorio (AIR): adoptar un enfoque sistémico para evaluar críticamente los efectos positivos y negativos de las regulaciones propuestas y existentes, un elemento importante de un enfoque basado en evidencia para la formulación de políticas.
3. Evaluación ex post: evaluar sistemáticamente las regulaciones ayuda a los gobiernos a garantizar que las regulaciones sigan siendo adecuadas para el propósito que fueron creadas, ello proporciona información importante para mejorar el diseño de las regulaciones y promueve la rendición de cuentas.

 Dentro de cada indicador se evalúan cuatro categorías:

1. Adopción sistemática: investiga si existen requisitos formales para la participación de las partes interesadas y en qué medida éstas participan en la práctica, tanto en las fases iniciales como en las posteriores del proceso de elaboración de la normativa.
2. Metodología: examina los métodos y herramientas utilizados para la participación de las partes interesadas, incluidos los períodos mínimos de consulta, el uso de sitios web interactivos y herramientas de medios sociales, y examina la existencia de documentos de orientación para la participación de las partes interesadas.
3. Transparencia: reconoce hasta qué punto los procesos de participación de las partes interesadas están abiertos al mayor número posible de ellas y cómo se tienen en cuenta, y si se tienen, las opiniones y comentarios de las partes interesadas.
4. Supervisión y control de calidad: miden la existencia de mecanismos para controlar externamente la calidad de las prácticas de participación de las partes interesadas, para supervisar la participación de las partes interesadas y si las evaluaciones se hacen públicas.

Los resultados para Costa Rica del iREG2020 muestran un avance respecto a la medición de 2018 en los tres principios, tanto para leyes como para reglamentos. Dentro de los resultados para el país señalados en el perfil se destaca que:

1. La política reguladora continúa centrándose en mejorar el entorno empresarial reduciendo las cargas administrativas para los ciudadanos y las empresas, lo anterior mediante estrategias de simplificación administrativa.
2. Se han introducido cambios para ampliar la participación de las partes interesadas en la elaboración de reglamentos, y un uso más intensivo del SICOPRE.
3. El análisis de impacto regulatorio se amplía en la elaboración de reglamentos técnicos. Sin embargo, para el resto de los reglamentos que no contemplan trámites no se aplica el AIR.
4. Por lo anterior, se recomienda que “a partir de los avances logrados en la mejora de la consulta pública Costa Rica debería ampliar el uso del AIR a todos los tipos de reglamentos subordinados. Los programas piloto en ministerios seleccionados podrían ayudar a identificar las lecciones clave en la implementación de un sistema de AIR en todo el gobierno.”
5. En Costa Rica no existe un requisito formal de realizar AIR para el desarrollo de leyes.

En el cumplimiento de los principios el país en las áreas de participación de partes interesadas e implementación del AIR en la elaboración de regulaciones supera al promedio de la OCDE, pero se identifica un rezago importante en el pilar de evaluación ex post. Parte de las mejoras que obtuvo el país se debe a la implementación de acciones tales como:

1. Desarrollo de plan de capacitación y eventos que incorporan de temas de innovación en mejora regulatoria.
2. Las acciones de iniciativas de regulación conjunta que realizan las federaciones municipales, IFAM, y los mismos gobiernos locales son una buena práctica que reconoce la OCDE.
3. El uso de infotramites@meic.go.cr como medio para canalizar consultas a instituciones y ciudadanos sobre sus trámites u oportunidades de mejora.
4. Desarrollo de capacidades regulatorias en el sector municipal.

Indicadores de Política Regulatoria y Gobernanza (iREG): Costa Rica, 2021

Fuente: OCDE, 2021

En lo que respecta a la implementación del AIR el país mejora la puntuación tanto para leyes primarias como regulaciones subordinadas, con la debilidad en que no se aplica para leyes primarias al 100%, pero si mejora respecto al 2018 dadas algunas acciones de control que realiza la Asamblea Legislativa. Uno de los puntos favorables en este eje es el reconocimiento del proceso sistematizado que realiza la Dirección de Calidad en conjunto con la Dirección de Mejora Regulatoria para los reglamentos técnicos.

El punto débil del país está en la implementación del proceso de evaluación ex post de las regulaciones, ya que se mejora muy levemente la puntuación tanto para leyes primarias como regulaciones subordinadas, se indica que no hay un proceso sistematizado, a pesar de que en el periodo se realizaron primeros pasos en implementar evaluaciones ex post, requiriendo así un mayor compromiso y dotación de personal para desarrollar dichas metodologías.

En lo que respecta a la emisión de regulaciones (decretos ejecutivos y reglamentos) los resultados del iREG para los países latinoamericanos (Costa Rica, Colombia, Chile y México) se identifica que del puntaje máximo (cuatro) en cada categoría, Costa Rica está sobre el promedio de la OCDE en la implementación de AIR y la participación ciudadana, y por 0.24 puntos por debajo del promedio en evaluación ex post; el país supera en las tres categorías a Colombia y Chile, pero aún por debajo de las buenas prácticas que implementa México.

Resultados iREG 2021 de los países OCDE de Latinoamérica

Fuente: Elaboración propia con datos de OCDE, 2021.

Finalmente, los resultados del iREG 2021 para Costa Rica indican que de 12 puntos que se evalúan como máximo en las tres categorías (cuatro cada una), el país obtiene 5.63, es decir, cumple un 47% de las condiciones que se evalúan la implementación de prácticas de política y gobernanza regulatoria que se defienden en la Recomendación del Consejo sobre Política y Gobernanza Regulatoria de 2012. El resultado de la OCDE es congruente con los resultados del ICRI 2020 y 2021 (elaborado por el MEIC), donde el país muestra oportunidades sustanciales en la implementación de la Política de Mejora Regulatoria.

B. Indicadores de Política y Gobernanza Regulatoria

El Banco Interamericano de Desarrollo en conjunto con la OCDE publicó en 2020 la tercera edición del estudio denominado “Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe” el cual recopila la evidencia sobre las prácticas de las administraciones públicas en la región y su desempeño, incorporando una comparación con los países de la OCDE. El estudio recopila una serie de indicadores en áreas de finanzas públicas, situación económica, empleo público, gobernanza regulatoria, datos abiertos, integridad del sector público, contratación pública y por datos sobre confianza en las instituciones, reducción de la desigualdad, entre otros.

Dicho informe en el área de Política y Gobernanza Regulatoria señala:

“Los países miembros de la OCDE han adoptado ampliamente políticas regulatorias para garantizar la calidad de sus regulaciones. La política regulatoria se refiere al conjunto de reglas, procedimientos e instituciones introducidos por los gobiernos con el propósito expreso de desarrollar, administrar y revisar las regulaciones. Los elementos centrales de la política regulatoria son el uso de evidencia y el involucramiento de los actores interesados para mejorar estas tres etapas.

Los países de América Latina y el Caribe (ALC) están prestando cada vez más atención a la calidad de sus regulaciones. Desde 2015, varios países de ALC, tanto miembros como no miembros de la OCDE, han introducido o reformado sus bases legales para promover mejor la calidad regulatoria. En este sentido, Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Perú y República Dominicana han adoptado nuevos documentos que detallan los principios de sus políticas regulatorias.

Sin embargo, el alcance de las políticas regulatorias es aún limitado en muchos países de ALC. La reducción de las cargas administrativas y la simplificación de las regulaciones han sido razones sólidas para que los gobiernos adopten políticas e inviertan en capacidades para mejorar la calidad de las regulaciones. Pocos países han ido más allá de este enfoque y han adoptado una perspectiva más amplia para la calidad regulatoria, abarcando su desarrollo, cumplimiento y evaluación.

A pesar de las reformas recientes, el marco institucional para la política regulatoria en los países de ALC requiere de un mayor desarrollo. Invertir en funciones apropiadas y capacidad suficiente para la supervisión es esencial para garantizar la aplicación coherente en la práctica de la política regulatoria…” (OCDE, p. 124, 2020)

Los indicadores evaluados en el área de mejora regulatoria son similares a los iREG, aplicado para 10 países Latinoamérica para el año 2019; a nivel general los resultados muestran que:

1. las 10 naciones cuentan con una política expresa de mejora regulatoria.
2. todas las economías cuentan con el requerimiento para consultar a los actores interesados durante el desarrollo de regulaciones subordinadas, pero en la práctica solo tres de ellos los involucran de manera sistemática durante el proceso regulatorio.
3. un 40% de los países cuenta con un órgano supervisor de mejora regulatoria y un 30% tiene un proceso sistematizado de evaluación ex post.
4. en la implementación del AIR solo México lo aplica para todo tipo de regulaciones, y seis países más lo aplican, pero para algunas regulaciones, como Costa Rica para regulaciones con trámites o reglamentos técnicos.

Categorización de la región: indicadores iREG América Latica 2019

Fuente Pedro Farías, BID. Presentación en curso Análisis de Impacto Regulatorio

Lo anterior permite que las naciones latinoamericanas identifiquen y compartan buenas prácticas para mejorar la calidad de sus regulaciones, ello no es una utopía, ya que la región cuenta con la Red Iberoamericana y del Caribe de Mejora Regulatoria, la cual busca establecer un diálogo permanente sobre el avance y los retos en la promoción de la calidad regulatoria en los países de Ibero América y del Caribe. El principal objetivo de la Red es comunicar e intercambiar experiencias y prácticas entre expertos en la región de Ibero América y del Caribe, así como los países miembros de la OCDE. Para mayor información se puede consultar: https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/regulatory-policy-in-latin-america-and-the-caribbean.htm

Referencias bibliográficas:

Ministerio de Comercio Exterior (COMEX). (2021). Hoja de ruta de compromisos de Costa Rica como miembro de la OCDE. Recuperado el 01 de febrero de 2022 de https://www.comex.go.cr/media/8902/hoja-de-ruta-de-compromisos-de-costa-rica-como-miembro-de-la-ocde-2021-09-16-vf.pdf

OECD. (2020), Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe 2020, OECD Publishing, Paris. Recuperado el 01 de febrero de 2022 dehttps://doi.org/10.1787/1256b68d-e

OCDE. (2020). Política regulatoria en Costa Rica, OCDE, París. Recuperado el 01 de febrero de 2022 de https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/Pol%C3%ADtica-regulatoria-en-costa-rica-web-esp.pdf

OECD. (2021). Perspectivas de la política regulatoria de la OCDE 2021, OECD Publishing, Paris. Recuperado el 01 de febrero de 2022 dehttps://doi.org/10.1787/38b0fdb1-en

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